Empieza a leer 'Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin' de Gabriel Zucman

A veces, lo que más nos cuesta ver
es lo que tenemos más cerca

PREFACIO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

España y los países de América Latina necesitan un impuesto mínimo que grave a los ultrarricos. Se trata, para empezar, de una cuestión de justicia. ¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada? Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad e infraestructuras.
          Pero, por encima de todo, es una cuestión de democracia. Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas.
​          Todos los estudios disponibles en la actualidad, ya sean de Italia, Francia, Brasil, Suecia, Noruega, Países Bajos o Estados Unidos, muestran el mismo patrón: los ultrarricos evaden en gran medida el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se supone que es el pilar fundamental de la progresividad fiscal.
​          En 2021, el medio de comunicación estadounidense ProPublica reveló que, en varios ejercicios, multimillonarios estadounidenses como Elon Musk o Jeff Bezos apenas pagaron impuestos sobre la renta. Un año en concreto, Bezos declaró unos ingresos tan bajos que solicitó –y recibió– prestaciones familiares. Lo que la investigación internacional descrita en este libro ha revelado desde entonces es que los de estos individuos no son casos aislados, sino ejemplos de un fenómeno global más extendido.
​          Aún no disponemos de un estudio centrado en un país hispanohablante que siga el mismo método utilizado en otros países: un estudio que vincule las empresas con sus propietarios para calcular el importe total de los impuestos pagados, directa e indirectamente, por las personas más ricas del país, así como sus rentas reales, incluidas las que se quedan dentro de las empresas. Pero hay buenas razones para creer que la conclusión a la que se ha llegado en otros países europeos y en Brasil también es aplicable a España y a otros países de América Latina.
​          Todos estos estudios revelan el mismo patrón: los ultrarricos pueden eludir fácilmente el pago de impuestos sobre los dividendos –su principal fuente de ingresos– utilizando sociedades de cartera, que protegen sus ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
​          La solución que propongo –someter a los ultrarricos a un impuesto mínimo equivalente al 2 % de su fortuna– es la herramienta más poderosa para corregir esta anomalía, ya que apunta a todas las formas de evasión de impuestos, ya sea mediante sociedades de cartera, fideicomisos o cualquier otro mecanismo de planificación fiscal.
​          La objeción más habitual a esta propuesta se centra en el hecho de que los ultrarricos son, por lo general, propietarios de empresas. Pedirles que paguen más impuestos afectaría a sus negocios, lo que, según este punto de vista, sería perjudicial para la economía.
​          Este argumento es falaz. No cabe duda de que la mayor parte de la riqueza de los ultrarricos adopta la forma de acciones en sociedades. A medida que se asciende en la escala de la riqueza, la proporción de patrimonio en acciones se incrementa, hasta alcanzar prácticamente el 100% en el caso de los multimillonarios. Las acciones –es decir, la propiedad de las empresas– son el verdadero poder económico y social en nuestras economías capitalistas.
​          Pero gravar el patrimonio en acciones no tiene nada de especial, y no es más perjudicial que hacerlo en el caso de los bienes inmuebles o los depósitos bancarios. No equivale a gravar los activos de las empresas. Si una empresa no tuviera ningún accionista cuya riqueza neta superase los 100 millones de euros, no se vería afectada por el impuesto que propongo. Si contara con uno o varios propietarios cuya riqueza superara los 100 millones de euros, esos propietarios sí estarían obligados a pagar como personas físicas, pero no la empresa.
​          Incluso eso no afectaría en lo más mínimo a la empresa. En la mayor parte de los casos, estos propietarios podrían pagar el impuesto con los ingresos que obtienen. La tasa media de rendimiento del patrimonio de las personas con más de 100 millones de euros es de alrededor del 6 %, más que suficiente para pagar un 2% de impuestos. Cuando los ultrarricos fingen que no tienen liquidez, es porque organizan su propia falta de liquidez para eludir precisamente el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
​          Y, si en verdad no tuvieran liquidez, podrían vender acciones: eso no supone ningún problema. Lo que hace que una empresa sea eficiente no es quién es el dueño. Es la colaboración de miles de empleados; es el saber hacer, la experiencia y las destrezas de su plantilla; la calidad de su gestión; la infraestructura pública de la que se beneficia, etcétera. Nada de eso depende de que una familia concreta posea un determinado porcentaje de las acciones de la empresa. Los ejecutivos no tienen por qué ser los propietarios de la compañía y, de hecho, a menudo no lo son.
​          Entre las empresas de mayor éxito del mundo se encuentra un amplio abanico de estructuras accionariales, desde un gran fundador con una participación mayoritaria, hasta muchos propietarios diversificados con pequeñas participaciones, sin que ello guarde relación alguna con los resultados de la empresa.
​          Por poner un ejemplo: el fundador de OpenAI, Sam Altman, no tiene ninguna acción de esa empresa, que es propiedad de empleados actuales y antiguos, de Microsoft y de otros inversores diversificados. A la vista está que ello no impidió que Altman siguiera innovando.
​          En la década de 1930, Franklin Delano Roosevelt criticó duramente a esos «monárquicos económicos» que pensaban que solo un puñado de personas –ya fueran los fundadores de empresas o sus herederos– tenían derecho a poseer capital, y que creían que cualquier cambio en la propiedad de las acciones iría en perjuicio del resto de la sociedad. Estos monárquicos económicos siguen entre nosotros, tanto en Estados Unidos como en otros países, pero su punto de vista está hoy aún más desfasado que hace un siglo. Del mismo modo que abandonamos la monarquía en la esfera política, ya es hora de abandonarla también en la esfera económica.
​          No hay ningún obstáculo técnico que impida gravar a los ultrarricos; es una cuestión de voluntad política. Evidentemente, los contribuyentes afectados tienen un interés particular en mantener el statu quo. Al menos en Francia, no han dudado en utilizar su poder para blindar sus intereses. Es fácil sentirse abrumado por el poder de las fuerzas oligárquicas y dudar de la posibilidad de cualquier cambio en un futuro previsible. Pero si alguna lección nos ha enseñado la historia es que no hay que subestimar el poder de las ideas y de las fuerzas democráticas. Tarde o temprano, y quizás antes de lo que pensamos, el alcance de la democracia se ampliará para incluir a los multimillonarios y hacer que vuelvan al redil.

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Traducción de Juan de Sola

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