Empieza a leer 'Cómo construir la soberanía digital europea' de Francesca Bria

Introducción
La cartografía del poder digital

El poder geopolítico fluyó antaño por ejércitos y tratados, pero hoy discurre por obleas de silicio, granjas de servidores y sistemas algorítmicos. Esas infraestructuras y arquitecturas digitales invisibles configuran todos los aspectos de la vida moderna: desde la forma en que nos comunicamos y trabajamos hasta la forma en que votamos y recibimos asistencia sanitaria; desde la forma en que aprenden los niños hasta la forma en que deliberan las democracias. El Stack (un término tomado de la informática para describir arquitecturas tecnológicas en capas) se ha convertido en el sistema operativo del poder político y económico moderno: la infraestructura planetaria de chips, redes, nubes e inteligencia artificial que media en la forma en que las sociedades se comunican, trabajan, votan y gobiernan. La carrera mundial por controlarla define el naciente orden mundial, y Europa se encuentra en una peligrosa posición de dependencia de potencias extranjeras con respecto a esa misma infraestructura sobre la que se sustenta su economía, su democracia y su futuro.

La inteligencia artificial concentra estos retos con una intensidad sin precedentes. A diferencia de las tecnologías anteriores, la IA no es una herramienta estable a la espera de ser aplicada; los usos aparecen con su despliegue, los límites cambian y las consecuencias afloran en lugares que nadie había previsto. Los actuales modelos generativos no son instrumentos neutrales: reflejan las prioridades de quienes los crearon, es decir, los tiempos del capital riesgo que han exigido grandes flujos de dinero y una rápida escalabilidad, los modelos de negocio publicitarios que han definido lo que significa la «participación», las estrategias legales que han determinado de quiénes se podían extraer datos. En su interacción diaria con esos sistemas, millones de europeos no acceden a un servicio universal, sino que se encuentran inmersos en una infraestructura diseñada en Silicon Valley y optimizada para los fines de Silicon Valley.

Vivimos en un orden tecnopolítico donde la nube, los chips, la capacidad de procesamiento, los datos y la IA se fusionan con el poder económico, militar y político. Los Estados Unidos y China lo entienden claramente: la tecnología es seguridad nacional. Europa sigue tratándola como una tendencia de mercado. Esta percepción fundamentalmente errónea explica nuestras actuales dificultades y es la razón por la que los típicos reflejos políticos europeos –regular plataformas, gravar las ganancias extraordinarias, aprobar otra directiva– son necesarios pero insuficientes. La regulación da por supuesto un objeto estable que regular. Sin embargo, la IA reconfigura el terreno mientras intentamos cartografiarlo. Si Europa quiere ser algo más que un legislador de tecnologías creadas y controladas en otros lugares, debe desarrollar las suyas propias; pero no para encerrarse en la autarquía, sino para crear las condiciones materiales que permitan una auténtica decisión democrática en relación con el futuro de dichas tecnologías.

El EuroStack que aquí se propone es prescriptivo: estratégicamente delimitado, democráticamente intencionado y deliberadamente construido. Hay quienes sostienen que la única oportunidad que tiene Europa es centrarse en la «difusión» de la IA; esto es, tratar la computación como un bien comunal planetario al que acceder y no como una infraestructura que construir. Sin embargo, la difusión sin soberanía ni control democrático invierte la adecuada relación de poder: en vez de contar con una tecnología al servicio de unos fines democráticamente elegidos, las sociedades se someten a unas plataformas creadas en otros lugares. Es en la infraestructura donde se codifica el poder. Por lo tanto, las sociedades democráticas deben construir y no limitarse a consumir. La tarea no solo consiste en regular tecnologías cuya forma básica se da por sentada, sino en crear alternativas, en preguntarse en qué podría convertirse la IA si se desarrollara por medio de una inversión pública con fines públicos, o cómo sería la infraestructura en la nube si se diseñara para la rendición de cuentas democrática y no con fines extractivos.

Para comprender el poder digital es necesario captar su naturaleza multidimensional. Tomando como base el análisis de Michael Mann sobre las fuentes del poder social, vemos que el control sobre el Stack opera simultáneamente en cuatro registros, y que esa concentración del control en manos no sujetas a una rendición de cuentas la convierte en peligrosa: configura la ideología a través de plataformas que median en el discurso público y permiten la injerencia electoral; extrae valor económico a una escala sin precedentes a través de los datos, los servicios en la nube y la IA; se ha vuelto inseparable de la capacidad militar, como cuando un multimillonario decide si las fuerzas ucranianas pueden comunicarse en plena guerra, y transforma la propia soberanía política, como cuando los algoritmos de Palantir determinan quién es deportado, o cuando las condiciones de servicio redactadas en Silicon Valley prevalecen sobre las leyes aprobadas en Bruselas.

Esta concentración de poder en las cuatro dimensiones –ideológica, económica, militar y política– carece de precedentes históricos. El trabajo pionero de Susan Strange sobre economía política internacional ofrece una perspectiva complementaria. Su pirámide del poder estructural, con los cuatro lados de la seguridad, la producción, las finanzas y el conocimiento, pone de manifiesto el modo en que el control sobre esos ámbitos permite a los agentes «configurar y determinar las estructuras de la economía política global en las que tienen que operar otros Estados, sus instituciones políticas, sus empresas económicas y sus científicos». Lo que Strange denomina la «infraestructura del poder» actúa como el andamiaje que conecta esas facetas estructurales, creando de ese modo dependencias de trayectoria y costes de cambio que fijan configuraciones concretas durante décadas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos construyeron tales infraestructuras en los cuatro ámbitos: alianzas militares en materia de seguridad, acuerdos comerciales multilaterales en materia de producción, finanzas denominadas en dólares a través del Plan Marshall y Bretton Woods e instituciones globales del conocimiento a través del sistema de las Naciones Unidas. En la actualidad, el stack digital se ha convertido en la nueva pirámide del poder, y quienes lo controlan dirigen el andamiaje que mantiene en pie toda la estructura.

Esta transformación refleja un cambio más profundo en la base material del poder, que he denominado la economía política del stack digital: un nuevo régimen en el que las infraestructuras tecnológicas reorganizan el valor, la autoridad y la influencia geopolítica. La industria de los semiconductores, concentrada en un puñado de instalaciones situadas principalmente en Taiwán, Corea del Sur y los Países Bajos, se ha convertido tal vez en el sector manufacturero de mayor importancia estratégica de la historia de la humanidad. Los chips avanzados no son simples componentes de la electrónica de consumo; son el sustrato sobre el que se entrenan y despliegan los sistemas de inteligencia artificial, la base de las capacidades militares modernas y la tecnología habilitadora de casi todos los aspectos de la infraestructura digital. Los controles de exportación sobre chips avanzados, las restricciones al acceso a recursos computacionales y los estándares propietarios se han convertido en instrumentos de la influencia geopolítica. La diplomacia computacional ilustra aún más el modo en que la infraestructura digital se ha convertido en una herramienta de la política estatal.

Los Estados Unidos consolidan su dominio a través de iniciativas como Pax Silica (a la que se sumaron en junio de 2026, entre otros, Alemania, los Países Bajos, Grecia y la propia Unión Europea, en un gesto que confunde tanto como aclara el mapa de alianzas) y Stargate, que fusionan el desarrollo de la IA directamente con chips propietarios y centros de datos a hiperescala, con la consiguiente creación de barreras insuperables para la competencia. La iniciativa de 500.000 millones de dólares, en asociación con OpenAI, Oracle y SoftBank, representa una movilización de recursos sin precedentes en pos de la supremacía tecnológica que eclipsa por varios órdenes de magnitud cualquier iniciativa europea. Se trata de una política industrial a una escala que Europa nunca ha contemplado, respaldada por todos los recursos del Estado estadounidense y la concentración de riqueza de sus oligarcas tecnológicos. La iniciativa Stargate vincula explícitamente el desarrollo de la IA de frontera con ecosistemas de chips controlados por los Estados Unidos, garantizando así que las capacidades de IA más avanzada permanezcan ligadas a la infraestructura tecnológica estadounidense.

China avanza mediante una política industrial sistemática y su Ruta de la Seda Digital, gracias a lo cual ha logrado una integración sin precedentes que va desde el diseño de chips hasta el despliegue de la IA en Asia, África, América Latina e incluso Europa. La estrategia «Made in China 2025» de Pekín coordina la inversión impulsada por el Estado en semiconductores, tecnointeligencia, computación cuántica y telecomunicaciones; un enfoque integral hacia la autosuficiencia tecnológica que Europa está tardando en igualar. La Ruta de la Seda Digital extiende las infraestructuras y las cadenas de suministro digitales de extremo a extremo a través de los continentes, con lo que crea nuevos patrones de dependencia tecnológica orientados hacia Pekín.

Ambas potencias comprenden lo que los dirigentes europeos han tardado en asimilar: en el siglo XXI , la soberanía equivale a controlar las infraestructuras críticas, pues lo contrario da como resultado la vulnerabilidad. La capacidad de tomar decisiones vinculantes sobre el futuro colectivo (la esencia de la soberanía) depende hoy del control sobre los sistemas que procesan la información, coordinan la actividad económica y median en la vida social. Un país que depende de plataformas extranjeras para sus comunicaciones, de nubes extranjeras para sus datos y algoritmos, de chips extranjeros para su industria y de satélites extranjeros para su navegación y defensa solo es soberano formalmente. Sus leyes pueden quedar anuladas por condiciones de servicio redactadas en salas de juntas extranjeras, sus decisiones democráticas pueden ser vetadas por compañías que responden ante accionistas extranjeros y su seguridad puede verse comprometida por actualizaciones de software enviadas desde servidores extranjeros.

Esta realidad geopolítica es la razón por la que rechazo la afirmación según la cual el «botón de apagado» no es más que teatro geopolítico. La amenaza es una realidad estructural. Los servicios en la nube estadounidense, incluso en sus variantes europeas «soberanas», siguen estando sujetos a la Ley CLOUD (Ley de Aclaración del Uso Lícito de Datos en el Extranjero) y a la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera. Los proveedores deben cumplir con las prohibiciones o sanciones estadounidenses. En 2026, el propio Gobierno estadounidense lo demostró actuando contra una de sus compañías más valiosas: primero designó a Anthropic, creadora de los modelos Claude, «riesgo para la cadena de suministro» y la excluyó de los contratos federales por negarse a autorizar el uso de su tecnología en armamento autónomo y vigilancia masiva de ciudadanos; meses después, invocando controles de exportación por seguridad nacional, ordenó la suspensión mundial e inmediata de dos de sus modelos más avanzados.

Washington ya dispone de las palancas legales e institucionales para recortar o limitar las infraestructuras europeas. Y la coacción no siempre adopta el gesto de accionar un interruptor: se manifiesta a través del estrangulamiento de las API, los controles de exportación, las subidas de precios, los cambios en las licencias, la visibilidad algorítmica y las cuotas de computación. Subestimar todo eso es no entender la naturaleza del poder en la época digital. El «lavado de soberanía» no es soberanía.

Europa se encuentra en una posición paradójica: aun siendo una potencia reguladora, es dependiente en materia de infraestructuras. Los europeos hemos establecido normas mundiales a través del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Inteligencia Artificial. Nuestras instituciones de investigación siguen siendo de primer orden: nuestros científicos ganan premios Nobel y publican en revistas de prestigio. El CERN inventó la World Wide Web, quizás la tecnología más transformadora del último medio siglo. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas: más del 90% de los datos europeos en la nube son procesados por proveedores no europeos sujetos a la Ley CLOUD estadounidense. Solo producimos alrededor del 10 % de los semiconductores del mundo, y el 90% de los más avanzados proceden de Taiwán y Corea del Sur. China domina el mercado de las tierras raras y otras materias primas críticas, del galio al germanio, de las que depende nuestra industria para la transición ecológica y digital.

Y en lo que respecta a la IA –potencia de computación, modelos, chips e infraestructura de frontera–, Europa está teniendo dificultades para mantenerse al día. No es solo un déficit comercial. Es un déficit de soberanía. Ahora bien, soberanía aquí no significa autarquía: Europa carece de las materias primas y la capacidad industrial necesarias para una autosuficiencia total, algo que tampoco sería deseable. Soberanía significa autonomía estratégica: una independencia en sectores seleccionados generadora de poder de negociación. Cuando se controlan los principales cuellos de botella, se tiene influencia en las negociaciones; si se depende de otros para todo, no se tiene ninguna. El EuroStack no consiste en fabricarlo todo nosotros mismos, sino en garantizar que nuestras dependencias no se puedan utilizar para coaccionarnos.

El problema no es la falta de definiciones. Es la falta de poder. En Washington, las grandes corporaciones tecnológicas deciden ahora sobre cuestiones de guerra y democracia: Elon Musk determina dónde puede conectarse Ucrania a internet; Mark Zuckerberg cambia las políticas de moderación para alinearlas con la política estadounidense y, de ese modo, reconfigura al instante el entorno informativo de Europa, y la Casa Blanca convierte en arma los aranceles con objeto de defender los monopolios de Silicon Valley, mientras Bruselas firma contratos de miles de millones de euros para importar chips estadounidenses. No son episodios aislados, sino parte de una realidad sistémica: Europa está ausente a la hora de decidir el futuro del poder digital. No solo alquilamos infraestructuras, también hipotecamos nuestra autonomía política.

Esta dependencia no es abstracta, sino existencial. En el siglo XXI , quienes controlan la infraestructura digital controlan las condiciones que posibilitan la propia democracia. La pandemia de la covid lo puso de manifiesto con toda crudeza: cuando los Gobiernos europeos necesitaron aplicaciones de rastreo de contactos, descubrieron que tenían que seguir los protocolos dictados por Apple y Google. Los marcos de privacidad corporativos, por bienintencionados que fueran, se habían diseñado en Silicon Valley, no en Bruselas ni en Berlín. Las autoridades sanitarias europeas se enfrentaron a condiciones que suponían un «o lo tomas o lo dejas» a la hora de proteger a sus propios ciudadanos. Las democracias europeas no pudieron aplicar las políticas de salud pública deseadas porque lo impidió una compañía con sede en Cupertino. Francia y Alemania quisieron inicialmente sistemas de rastreo de contactos que permitieran el seguimiento epidemiológico e intervenciones específicas por parte del sistema sanitario público, pero el Sistema de Notificación de Exposición a Covid-19 de Apple y Google solo admitía enfoques descentralizados. La aplicación francesa StopCovid tuvo que sortear esas restricciones, lo que se tradujo en una funcionalidad y una adopción limitadas. La arquitectura técnica de los sistemas operativos de los teléfonos móviles (controlada por dos compañías estadounidenses) determinó los límites de la política europea de salud pública. No se trató de una limitación técnica, sino de una decisión política, tomada por una empresa privada que se arrogó el derecho a determinar la arquitectura de la salud pública europea.

Cuando los hospitales necesitaron computación en la nube para los diagnósticos basados en IA, se vieron sujetos a condiciones de servicio redactadas en Seattle, y los datos más íntimos sobre la salud de los pacientes quedaron sujetos a exigencias legales extranjeras debido a la Ley CLOUD. Cuando los investigadores necesitaron poder de cómputo para el desarrollo de vacunas, pasaron a depender de plataformas extranjeras sujetas a legislaciones extranjeras. Estamos a una sola orden ejecutiva (en Washington, no en Bruselas) de perder el acceso a las tecnologías que hacen funcionar nuestras escuelas, hospitales y Gobiernos.

La lucha por la democracia empieza hoy con el control de la infraestructura. Europa debe dejar de externalizar su futuro. Debe recuperarlo. Porque en el siglo XXI , la soberanía digital es democracia.

El teórico político Roberto Unger ha sostenido que «la sociedad es hecha e imaginada, es un artefacto humano y no la expresión de un orden natural subyacente». La actual configuración de la infraestructura digital –el dominio estadounidense en la nube, la supremacía manufacturera china, la concentración de la capacidad de IA en un puñado de corporaciones tecnológicas– no es inevitable. Refleja decisiones políticas y económicas tomadas a lo largo de décadas. El EuroStack representa el ejercicio por parte de Europa de lo que Unger denomina la «capacidad negativa» que apuntala una teoría de la democracia empoderada: la capacidad de sobrepasar y revisar los contextos institucionales existentes en lugar de aceptarlos como restricciones fijas. La construcción del EuroStack no es solo una política industrial; es la creación de un nuevo «contexto formativo» para la vida económica y política europea. Eso supone no tratar la infraestructura digital como una herramienta neutral que debe regularse a posteriori, sino como un terreno de experimentación democrática, un espacio donde se puedan construir, habitar y revisar nuevas instituciones a medida que descubrimos lo que hacen posible.

La cuestión no es si Europa contará con una infraestructura digital, sino qué valores encarnará esa infraestructura. Silicon Valley optimiza en pos de la extracción; Pekín, en pos del control. La vocación de Europa, si decide reivindicarla, es optimizar en pos del empoderamiento: distribuir la capacidad de acción en lugar de favorecer la concentración empresarial. Este libro sostiene que dicha alternativa no solo es deseable, sino también factible.

El presente volumen aboga por la independencia digital: ni sumisión a plataformas extranjeras ni autarquía ingenua, sino autonomía estratégica basada en valores democráticos, responsabilidad ecológica y una nueva forma de cooperación multilateral. El EuroStack no es solo una propuesta política o una estrategia industrial. Es la base moderna de un Estado europeo capaz de ejercer una verdadera soberanía en la época digital y, al mismo tiempo, un modelo de alternativa democrática y no alineada susceptible de convertirse en un punto de referencia para el Sur Global y otros lugares.

Así como el euro y el mercado único transformaron la integración económica europea en el siglo XIX, el EuroStack representa la infraestructura fundamental para la integración europea del siglo XXI : una unión digital soberana capaz de proteger la democracia, impulsar la innovación y ofrecer una alternativa a los modelos tecnoautoritarios que están surgiendo tanto en Oriente como en Occidente.

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Traducción de Juan Gabriel López Guix

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Descubre más sobre Cómo construir la soberanía digital europea, de Francesca Bria, aquí.